La organización de productores agropecuarios CREA publicó su Informe Macroeconómico, en el que analiza los desafíos actuales de la política fiscal argentina para sostener el superávit y avanzar en una reducción gradual de los Derechos de Exportación sin comprometer la estabilidad alcanzada.
El informe pone especial foco en el sector agropecuario: si bien las bajas anunciadas en los derechos de exportación representan una señal positiva, aún persisten impuestos distorsivos que limitan la competitividad de la agroindustria.
A continuación. los principales puntos ddel documento:
En términos generales, los planes de estabilización suelen tener a la moderación fiscal como uno de sus principales pilares. La intención es impedir que el déficit fiscal (emisión o deuda) aporte volatilidad a la economía y termine perjudicando la confianza en la moneda. En este marco, el Gobierno volvió a las cuentas públicas una sus principales preocupaciones. Asi, mientras que las dificultades que atravesaba al comienzo del mandato se relacionaban directamente con el alto nivel de gasto heredado, luego de un fuerte ajuste inicial se vio una transición y ahora el equilibrio fiscal depende en mayor medida de los ingresos y la recaudación.
En efecto, a comienzo de su mandato el oficialismo recortó y “licuó” el gasto público del 19,6% del PBI al 15% del PBI, con reducciones en casi todas las partidas: gastos en infraestructura (-1,2% del PBI), jubilaciones (-0,6% del PBI), programas sociales (-0,6% del PBI), subsidios (-0,6% del PBI), salarios públicos (-0,6% del PBI, -19% empleados públicos) y transferencias a provincias (-0,6% del PBI). De esta forma logró consolidar un superávit primario del 1,8% del PBI en 2024. En 2025, ya con el grueso del recorte realizado, continuó la reducción del gasto con menor agresividad (-0,44% del PBI), con prestaciones sociales recuperándose levemente (+0,21% del PBI: jubilaciones +0,6% del PBI) y subsidios energéticos en retroceso (-0,5% del PBI). De esta forma, el resultado fiscal primario se mantuvo superavitario por segundo año consecutivo, 1,39% del PBI.
Ya en 2026, la posibilidad de continuar la reducción de gastos se vuelve más trabajosa. Hay partidas que se encuentran en mínimos, como los gastos en infraestructura o las transferencias a las provincias. En tanto otras, como las jubilaciones, requerirían una reforma avalada por el Congreso para afrontar una nueva reducción (con las dificultades políticas y sociales que conlleva).
Por el lado de los subsidios, el encarecimiento del petróleo por la guerra EE.UU.-Irán impacta sobre el costo de la energía y merma parte de la actualización de tarifas promovida por el Gobierno durante la primera parte del año. Por último, el Fondo Monetario brega por un monto mínimo de gasto en programas sociales que el gobierno ha incumplido en la última revisión (AUH y Tarjeta Alimentar deben cubrir el 95% de la canasta básica). Así, si bien todavía nos encontramos con un gasto público 2% por encima del promedio previo al 2007 (momento que aumentó pronunciadamente el gasto), las dificultades en el corto plazo lo mantuvieron prácticamente estable en lo que va del año (- 0,3% del PBI).
Entonces, en esta segunda etapa, el sostenimiento del superávit fiscal primario involucra una mayor atención sobre la recaudación. De hecho, ya el año pasado sin el impuesto PAIS (1,1% del PBI) la caída en los ingresos tributarios (-0,8% del PBI) impidió un resultado superavitario mayor. Este año, si bien es esperable que, en términos generales, el crecimiento económico proyectado (+3%) mejore la recaudación, sectores de la economía que se encontraron en retroceso (industria -2% y comercio -2% acum. i/a) tienen un peso significativo (29% y 24% respectivamente) en la recaudación del IVA, el impuesto más importante (34% del total de la recaudación).
A su vez, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reforma laboral tendría un costo anualizado de 0,47% del PBI. De esta forma, la recaudación acumulada en los primeros 5 meses del año se encuentra 0,6% del PBI abajo del año pasado. Así, una vez distribuidos los ingresos coparticipados (Ganancias e IVA), en el primer cuatrimestre de 2026, los ingresos tributarios se ubican 0,45% del PBI por debajo en comparación con el mismo período del año pasado.
En este contexto, el Gobierno anunció una nueva reducción en los derechos de exportación. Por un lado, los gravámenes de trigo y cebada pasarán del 7,5% al 5,5% en jun-26. Si bien siempre es positiva la reducción de un impuesto distorsivo y discriminatorio, se perdió la oportunidad de eliminarlo para estos cultivos a un costo fiscal mínimo (0,04% del PBI). Por el otro, a partir de ene-27, la soja y sus subproductos reducirán su gravamen progresivamente en un 0,25% mensual, a la vez que el maíz y el sorgo lo reducirán en un 0,25% trimestral. Así, la alícuota del poroto de soja finalizaría el año en 21%, en los niveles más bajos desde abr-02.
En total, el costo fiscal de las reducciones sería del 0,005% del PBI para 2026 y del 0,05% para 2027. Si bien el Gobierno ha tenido constancia a la hora de reducir los derechos de exportación, el recorte anunciado fue de los más bajos hasta la fecha. Por otra parte, se perdió la oportunidad de eliminar las retenciones de trigo a un costo fiscal prácticamente despreciable, permitiendo a los productores acceder a su precio completo de mercado en un contexto donde la guerra encareció fuertemente los fertilizantes (+42%) que son especialmente relevantes para el cereal (alrededor del 40% del costo).
En síntesis, el Gobierno condiciona las bajas de los impuestos a la agroindustria al sostenimiento del equilibrio fiscal y sus metas, pero evidentemente hay otros sectores que terminan siendo más prioritarios, como el minero o el petrolero (RIGI). De momento el superávit acumulado es 0,5% del PBI (-0,1% respecto de abr-25) y el objetivo anual es 1,5% del PBI (Presupuesto 2026), aunque el Fondo Monetario fue menos exigente con un 1,4% del PBI.
La organización financiera internacional propone avanzar en una reforma impositiva que mejore la recaudación, con un aumento de los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias, la unificación de alícuotas del IVA y el alineamiento entre la recaudación por monotributo y por trabajo formal.
El Gobierno busca arbitrar entre la continuidad de la reducción del gasto, el mantenimiento de la recaudación y el deseo de disminuir la presión impositiva. A la vez que encara una etapa donde el foco pasa por robustecer las reservas del Banco Central, vale la pena defender el trabajo realizado sobre el superávit y seguir avanzando en él. En definitiva, pese a sus dificultades, se trata de una variable que ha tenido un papel fundamental en la estabilidad alcanzada.
