El Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Alexis Guerrera, recibió la certificación internacional a su sistema de gestión antisoborno por parte de Global Certification Bureau. Así, se convirtió en el primer organismo de la Administración Pública Nacional en ser reconocido de esta manera en la lucha contra la corrupción y el soborno.

De acuerdo a lo comunicado, para lograr este reconocimiento internacional al ministerio de Transporte, fue esencial el trabajo coordinado y permanente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, dirigido por Julio Roca, y de la Dirección de Acceso a la Información y Transparencia, conducida por Sebastián Malis. Conjuntamente, mejoraron notoriamente los procesos internos para aumentar los controles financieros, analizar riesgos, realizar seguimiento de denuncias y reforzar los mecanismos de adquisición de bienes y servicios.

La certificación, que tiene alcance nacional e internacional, fue otorgada por parte de Global Certification Bureau. La su vez, se destacó al ministerio de Transporte de la Nación por “su compromiso de la alta dirección y de los responsables de procesos con el logro de objetivos y metas, así como en cumplimiento de los controles establecidos y normativa aplicable vigente”.

Como principales medidas que consolidaron la transparencia y fomentaron la lucha contra la corrupción, el Ministerio de Transporte firmó un convenio con la Oficina Anticorrupción para adherirse al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE); reforzó y potenció el sistema de participación y consulta ciudadana, priorizó políticas de gobierno abierto y transparencia, y mantuvo encuentros con organismos pertinentes como CIPPEC, la SIGEN, y la Auditoría General de la Nación, entre otras acciones.

Esto generó que el Ministerio de Transporte de la Nación obtenga el máximo puntaje posible dentro del índice de transparencia activa de los organismos estatales que difunde la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Repitió este logro en reiteradas oportunidades, a través de la implementación de políticas, programas y acciones tendientes a garantizar el derecho de acceso a la información pública, la ética y transparencia en la gestión.