El 11 de junio de 2019 se llevó a cabo la Jornada Taller sobre “Políticas Públicas de Seguridad Vial”, en el Salón Del Prado del Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires, convocada por tres organizaciones del Sector Privado (Asociación de la Justicia Bonaerense, Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CETRAICA) y el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV).  A partir de las exposiciones y el debate ulterior se elaboró el siguiente documento:

La sociedad a través de sus organizaciones propone, solicita, promueve la adopción por parte de los estados (municipal, provincial y nacional), de políticas públicas (*) en materia de seguridad vial:

– el Estado debe tener la asignación de recursos económicos estables, permanentes y ordinarios en su presupuesto de gestión anual acordes con el accionar programado en la materia a ejecutar

– destino específico (total o parcial) del producido de las sanciones económicas (multas) a la seguridad vial

– comunicacionalmente fomentar en la sociedad la percepción del riesgo vial, su naturaleza y características, para comprender la razón de las normas y su vinculación a conductas respecto a, entre otros, alcohol y otras substancias psicoactivas – exceso de velocidad – utilización de cascos en motos y cinturón de seguridad en automóviles – etc.

– incentivar y regular seriamente la creación de academias de conductores, para aquellos que aspiran a obtener su primera habilitación.

– analizar y proponer, con el consenso de entidades empresariales y sindicatos, la implementación de un sistema que permita garantizar el adecuado descanso en los conductores profesionales

– profesionalizar y jerarquizar la carrera política de funcionarios a cargo de la movilidad sostenible de las comunidades

– generar un sistema adecuado de actualización de los valores de las multas para evitar inequidades (por ejemplo: salario, costo de vida, inflación, etc)

– asignar al INDEC la responsabilidad de generar las estadísticas vinculadas a la salud de la población en lo que respecta a morbi-mortalidad vial

– capacitar en forma periódica y anualmente a todos los encargados de la aplicación de las normas de tránsito, y adecuar legislativamente las mismas al marco vigente y supranacional de los pactos acordados en materia de derechos.

(*) entendemos por políticas públicas a aquellas que el estado (municipal, provincial y nacional) deben adoptar propendiendo al consenso de todas o la mayoría de las expresiones partidarias, prescindiendo del ejercicio coyuntural del poder. Estas políticas incluyen el fomento e incentivo a los sectores empresariales y sindicales presentes en la comunidad para la incorporación de programas de acción proactiva en seguridad vial, atendiendo a la responsabilidad social empresaria y a la profesionalización del trabajador

El acta está disponible en este link.