El Ministerio de Transporte y la Universidad de Buenos Aires (UBA) cerraron un nuevo convenio. Fue para la coordinación y el desarrollo de actividades de colaboración, consultoría, auditoría, investigación, relevamiento, capacitación y formación entre las partes, en las tareas vinculadas a la gestión de la Vía Navegable.
El convenio consiste en la coordinación, investigación y capacitación entre el Ministerio de Transporte nacional que encabeza Alexis Guerrera, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, representado por Ariel Sujarchuk, y la Universidad de Buenos Aires con su rector Alberto Barbieri, en lo relativo a las cuestiones que hagan al mejor cumplimiento de las funciones del Ente.
Además, a los efectos de programar, organizar, dirigir y supervisar las actividades que deriven de la aplicación del convenio, se acordó la creación de una Unidad de Coordinación, que estará integrada por un miembro titular y un miembro alterno por la Universidad y por el Ente.
Ver también: Vía Navegable Troncal: informe de gestión de abril
La casa de estudios estará a cargo de la dirección y la coordinación de las tareas académicas, docentes y organizativas, a la vez que desarrollará la capacitación y asesoramiento en las áreas que se acuerden, dirigiendo y coordinando las actividades. Por su parte, el Ente proveerá todos los elementos organizativos necesarios para la realización de los Programas de Actividades, además de los fondos para los mismos.
El Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable tiene como principal objetivo proteger a todos los usuarios, resguardar los bienes de dominio público y privado del Estado nacional, llevar adelante el proceso licitatorio nacional e internacional para la adjudicación de las obras y fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, cuestiones ambientales y económico-financiero de la concesión de obra pública para el desarrollo de las tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal. A través del Ente busca obtener una mayor participación de las provincias y del Estado nacional en la formulación de políticas para la vía navegable.
