Los países de América Latina y el Caribe retomaron el lunes 20 de marzo en Brasilia, capital de Brasil, las negociaciones para contar durante el presente año con un acuerdo regional sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales –consagrados en la declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río+20)-, un instrumento legal de segunda generación que sería el primero en su tipo en el continente.
Delegados de las 23 naciones que adhieren a esta iniciativa regional comenzaron la Sexta Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Principio 10), encuentro organizado por la CEPAL y el Gobierno de Brasil, que se prolongará hasta hoy, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país (Palacio de Itamaraty).
La reunión fue inaugurada por Marcos Galvão, secretario general de Relaciones Exteriores de Brasil, José Sarney Filho, ministro de Medio Ambiente, Wagner Rosário, secretario ejecutivo del Ministerio de Transparencia, Fiscalización y Contraloría General de la Unión, y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, organismo que ejerce la secretaría técnica del proceso.
También participaron en la sesión de apertura Antonio Herman Benjamin, Juez del Tribunal Superior de Justicia del Brasil, Joseluis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Rômulo Paes de Sousa, director del Centro Global para el Desarrollo Sostenible (RIO+Center), Karetta Crooks y Joara Marchezini, representantes del público.
En sus palabras de apertura, Marcos Galvão señaló que en Río+20 se reconoció la necesidad de un equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, idea que se traspasó a todos los mandatos emanados de esa conferencia y que también está presente en la discusión sobre el Principio 10. “Y justamente para fortalecer la dimensión ambiental y colocarla en equilibrio con las demás es que hoy buscamos un instrumento regional que sea capaz de apoyar la aplicación del Principio 10 en nuestra región”, declaró.
El ministro José Sarney Filho indicó que la ley brasileña ya es ambiciosa acerca del acceso a la información, “pero siempre habrá maneras de hacerla más efectiva”, precisó. “El acceso, la participación y la transparencia son fundamentales; tienen una importancia estratégica para el medio ambiente. Por eso es crucial garantizar que la sociedad conozca esos temas”, dijo.
En un saludo en video enviado a los asistentes, Alicia Bárcena destacó la importancia de este acuerdo “la única convención que emane de Río+20 que vincula el medio ambiente con los derechos humanos y los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales”.
“Este acuerdo que se negocia en nuestra región y que los países nos han llamado a acompañar, no podría ser más oportuno -y cabría agregar- visionario. Los derechos de acceso consagrados en este principio están en el corazón de la Agenda 2030 pues permean y se manifiestan en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS vinculan expresamente el bienestar humano con la calidad ambiental y la paz”, señaló Bárcena.
Asimismo, llamó a la región a ser protagonista de su historia, a mejorar los procesos de toma de decisiones ambientales y a avanzar hacia sociedades más justas, pacíficas y sostenibles.
Por su parte, el Juez Antonio Herman Benjamin señaló que el estado de derecho ambiental es un bien intangible, absolutamente fundamental para la calidad de vida de las personas y de las generaciones futuras, mientras que Rômulo Paes declaró que Principio 10 es fundamental para los objetivos de Río+20. Tampoco se limita al ODS 16 – que promueve sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible-, sino que es esencial para todos los ODS, para alcanzar la paz, la gobernabilidad y proteger el medio ambiente.
Las representantes del público Kareta Crooks y Joara Marchezini afirmaron que la colaboración pública asegura una participación oportuna, responsabilidad, y la consideración especial de grupos específicos que se ven directamente afectados, como los indígenas y las poblaciones más vulnerables. “Aquí en Brasil nació el Principio 10, se reafirmó en Río+20, que fue el inicio del proceso. Ahora vuelve a casa, para estructurarse y quedarse más robusto y fuerte. Debemos hacer la diferencia, disminuir los conflictos socioambientales y responder a las necesidades de la región, para concretar los derechos, apoyar el desarrollo sostenible de forma participativa y democrática. Nuestro objetivo es crear un acuerdo que garantice la democracia ambiental”, reafirmaron.
Durante la primera jornada de la reunión se realizó también una sesión especial sobre Derechos de Acceso a la Justicia Ambiental, en la que participaron autoridades, altos magistrados y expertos ambientales de Argentina, Brasil, el Caribe, Costa Rica, Panamá y otros países. Además se efectuó el lanzamiento online del Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe, herramienta web que presenta un seguimiento a las leyes, políticas, tratados y jurisprudencia que garantizan que los derechos de las personas a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales sean aplicados cabalmente.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
