Seis cámaras industriales argentinas reaccionaron ante el dictado del Decreto 629/17, publicado en el boletín Oficial del 10 de agosto, que dispuso un nuevo Régimen de Importación de Bienes Usados para la industria hidrocarburífera, desgravando y facilitando su importación, aun cuando los mismos se fabriquen en el país.
La medida fue objetada por el sector proveedor integrado por la Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques (CAFAS), la Cámara de Fabricantes de Máquinas y Equipos para la Industria (CAFMEI), la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética (CAPIPE), la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la industria de Telecomunicaciones (CAPPITEL), y el Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), quienes se dirigieron al Presidente de la Nación y a todos los ministros firmantes del decreto así como a las Comisiones de Industria de las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, a efectos de prevenir que con un decreto simple “se instrumente un régimen cuya implementación perjudicará irremediablemente a muchas de las fábricas radicadas en el país, principalmente pymes, que estas mismas entidades representan”.
Representantes de las cámaras señalan que esta normativa permite importar equipos usados, la mayoría de los cuales hoy son fabricados habitualmente con tecnología argentina en el país, siendo imposible la competencia con la sobre oferta internacional de equipos usados. Asimismo, considerando que un bien de capital una vez importado de manera definitiva elimina el requerimiento del mismo en el mercado local suprimiendo la demanda de equipos por los próximos años, indican que se lesionará en forma irreversible este conjunto de industrias y a su cadena de valor, afectando a miles de puestos de trabajo.
“El régimen responde al esfuerzo del gobierno nacional tendiente a la promoción de las inversiones productivas, sobretodo en la industria hidrocarburífera no convencional tanto para aumentar la productividad así como la generación de empleo, como es claramente el caso de Vaca Muerta”, remarcan.
Por estos motivos, las cámaras solicitaron se deje sin efecto y se proceda a la inmediata suspensión del régimen hasta tanto se evalúe correctamente el negativo impacto en las fuentes de trabajo y en las industrias nacionales proveedoras.
