Anomalías denunciadas tienen paralizada la licitación para modernizar y ampliar el aeropuerto paraguayo internacional Silvio Pettirossi, en tanto la Contraloría General de la República (CGR) realiza una auditoría.
El contralor, Enrique García, envió al titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez, un pedido de suspender el proceso para otorgar el contrato de los trabajos en la terminal aérea internacional Silvio Pettirossi.
García solicitó al MOPC esperar hasta ser emitido el dictamen correspondiente de la investigación que realizará la CGR para definir la adjudicación. El organismo de control verificará las documentaciones de la licitación requerido por la Comisión Permanente del poder Legislativo, tras poner en duda la credibilidad de la convocatoria.
Jiménez afirmó que el proceso de evaluación de ofertas continúa pero no contratarán a ninguna empresa hasta tanto la Contraloría se pronuncie sobre el tema. Para ello el ministro auguró poco tiempo pues la auditoria se limita a los puntos denunciados específicamente por varios legisladores de dicha Comisión, la cual funciona mientras dure el receso hasta marzo de las dos cámaras del Congreso.
No obstante, ya no podrá el MOPC cumplir el plazo que se impuso su Dirección de Proyectos Estratégicos para el otorgamiento a mediados de este mes.
Estuvieron involucradas en la licitación las firmas Sacyr-Agunsa, de España y Chile, y Vinci Airports-Talavera & Ortellado, de Francia y Paraguay, pero la segunda dejó el camino libre a su contrincante para ser la potencial ganadora de la concesión.
Hace pocos días, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el diputado Ariel Oviedo, introdujo la demanda ante la CGR firmada por él y varios parlamentarios más para indagar acerca de las aducidas irregularidades. Contiene varios aspectos considerados erróneos al tener en cuenta a Sacyr-Agunsa para eventualmente realizar las obras en el Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque periférica de esta capital.
Oviedo aclaró entonces a la prensa que la denuncia se refiere, entre otros asuntos, a anomalías detectadas en la presentación del consorcio español-chileno. De esa compañía reveló cómo tuvo un problema en uno de sus aeropuertos en España y debió pagar una multa de siete millones de dólares, mientras el pliego de bases y condiciones descarta la participación de algún oferente con antecedentes de ese tipo.
El diputado justificó la denuncia porque una de las atribuciones constitucionales de la Comisión Permanente es velar por el buen funcionamiento de las instituciones. Cuando fue recibido por el contralor éste prometió el inicio de la indagación, aunque sin fijar un plazo determinado para efectuarla.
Fuente: Agencia Prensa Latina.
