Los integrantes de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados ya recibieron el proyecto que presentará el Gobierno para reformar la Ley de Semillas, y tienen previsto empezar el debate en las próximas semanas, junto con la de otras iniciativas presentadas por diputados de distintas fuerzas políticas por la Federación Agraria Argentina.
La iniciativa del Gobierno contempla que el pago de la propiedad intelectual se agote con la compra de la semilla, sin que haya reclamos posteriores, entre otras cuestiones. En tanto, estarían exentos de pagar el canon los agricultores familiares que tienen una facturación inferior a un millón ochocientos pesos.
El debate sobre la ley de semilla está centrada en lograr un equilibrio entre los derechos de los productores y de los dueños de las patentes de las invenciones y desarrollos tecnológicos, y como poner freno a las prácticas de abuso monopólicos como los que sucedió con la firma Monsanto.
La Comisión recibió al presidente de la Federación Agraria, Omar Príncipe, quien afirmó que es “imprescindible votar una nueva ley de semillas” que “equilibre los derechos de todos los actores de la cadena de comercialización y no se produzcan abusos de posición dominante como sucede con Monsanto”.
“La intención de Monsanto de estar por encima de la ley puso en riesgo la siembra de este año con su pretensión de impedir la libre comercialización y obligó a la intervención del Estado que sacó la resolución 203”, advirtió el dirigente agrario.
Príncipe señaló que el proyecto presentado por Federación Agraria busca impedir que “los contrato entre privados que puede hacer que una empresa ejerza una posición monopólica y abuso de posición dominante frente a los productores” y destacó que es fundamental que en la ley se “establezca que es orden pública”.
En tanto, Rolando Rinesi de Agricultores Federados Argentinos (entidad ligada a la Federación Agraria) dijo que “necesitamos una ley porque Monsanto tiene una posición de abuso dominante que se debe impedir”. Recordó a principios de años esa firma firmó contratos con los exportadores para que verifiquen si utilizaban semillas de Monsanto y así cobrar regalías “sin control del Estado”.
En ese contexto, Rinesi advirtió las consecuencias que tendrán los productores para exportar a China que firmó un contrato con la multinacional para que solo se pueda a exportar a ese país si tienen un certificado de bioseguridad de Monsanto.
Federación Agraria propone en su iniciativa el uso gratuito de las semillas hasta 1500 toneladas de soja o de trigo, con lo cual se beneficiará a la mayoría de los pequeños y medios productores del país.
Otro punto que la entidad agropecuaria prevé es fijar el principio “de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual con la compra de la semilla”, pero este punto es rechazo por las firmas que están desarrollando investigaciones.
Fuente: Agencia de noticias Télam.
