Costa Rica cuenta ya con una Ley de incentivos y promoción del transporte eléctrico que permite regular y fortalecer las políticas públicas para incentivar su uso dentro del sector público y en la ciudadanía en general.
Con la firma de esta legislación, el país logra vincular el desarrollo eléctrico, los recursos naturales y el transporte, como parte de una estrategia de sostenibilidad energética con un bajo nivel de emisiones a largo plazo.
La ley establece incentivos de carácter económico, facilidades de uso en la circulación y acceso al crédito, entre otros aspectos, para promover el uso del transporte eléctrico.
Los principales beneficios de la Ley para los usuarios y productores de vehículos eléctricos son: exoneración, según valor del vehículo (impuesto general sobre las ventas, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto sobre el valor aduanero); exoneración de los repuestos de los vehículos eléctricos; exoneración del equipo para el ensamblaje y la producción de vehículos eléctricos; exoneración del impuesto a la propiedad para los vehículos eléctricos; no sujeción a la restricción vehicular; exoneración del pago de parquímetros y el uso de parqueos azules para vehículos de transporte eléctrico.
La firma la realizó el presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera junto con el vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas; el ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez; la ministra de Economía, Industria y Comercio, Geannina Dinarte, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Germán Valverde. Al acto fueron invitados los legisladores promotores de esta ley, organizaciones de la sociedad civil que han promovido el uso del transporte eléctrico.
La Ley de Promoción al Transporte Eléctrico, impulsada por la Diputada Marcela Guerrero y el Diputado Franklin Corella, respalda esta visión estratégica país, pues al impulsar el uso de tecnología eléctrica en el transporte, se producirá no sólo un impacto significativo en las emisiones de gases de efecto invernadero sino una transformación de nuestra matriz energética al sustituir el uso de combustible fósil por electricidad producida con fuentes renovables.
Costa Rica se ha propuesto consolidar un nuevo modelo de desarrollo sostenible y competitivo, una visión plasmada en el VII Plan Nacional de Energía (2015-2030) que establece la sostenibilidad energética con un bajo nivel de emisiones, como eje fundamental de la política de largo plazo. La electrificación del transporte es uno de los pasos necesarios para avanzar en este camino y contribuir a reducir las emisiones de CO2, una meta ambiciosa en materia ambiental con la que se ha comprometido el país.
Según la Agencia Internacional de Energía (2017), la electricidad de Costa Rica contiene 72 veces menos emisiones de CO2 que el promedio mundial. Por ende, cada litro de combustible fósil importado que se sustituya por un kilovatio proveniente de energía renovable y nacional, beneficia el ambiente, la salud pública y la economía del país.
Entidades tanto del sector público como del privado se han unido a esta iniciativa y gracias a este apoyo, el país cuenta hoy con alrededor de 20 estaciones de recarga y 41 serán instaladas durante el 2018. De forma paralela se ha venido trabajando con INTECO en la creación de normativa técnica para el desarrollo de la infraestructura de recarga pública.
Como parte de las competencias institucionales del MINAE, la ley contempla la elaboración de un Plan Nacional de Transporte Eléctrico; la primera propuesta de este plan fue presentada en diciembre de 2017 a los diversos actores que se verían involucrados en su implementación. Partiendo de los aportes obtenidos en este proceso de retroalimentación, actualmente se trabaja en la versión final del documento, el cual será presentado en las próximas semanas.
“Para lograr la sostenibilidad se requiere un cambio de paradigma. La Ley de Promoción del Transporte Eléctrico es un paso firme en esa dirección. Además es un ejemplo de que somos un país ambicioso y comprometido con un futuro más sostenible”, indicó el jerarca del MINAE, Edgar Gutiérrez Espeleta.
La ley también establece las competencias institucionales de las entidades del Estado vinculantes con la iniciativa como lo son: el MOPT, el MINAE, el Ministerio de Hacienda y el INA. La regulación de los detalles de esta ley se establecerán vía reglamento, las entidades competentes en la materia ya trabajan en su planteamiento.
Fuente: Gobierno de Costa Rica.
