A través de Vialidad Nacional, el Ministerio de Obras Públicas de Argentina llegó a un acuerdo para cancelar contratos de concesión de corredores viales. Concretamente, rescindió los acuerdos con las empresas Corredor Panamericano I y II, entidades a cargo de la administración y desarrollo de los corredores viales E y F. Ambos habían sido licitados bajo modalidad de Participación Pública-Privada (PPP).
El corredor E era una red de caminos compuesta por la Autopista Campana-Rosario (RN 9), la ruta nacional 183 de Buenos Aires y las rutas nacionales 11, 34, A008 y A012 de Santa Fe. Por su parte, el corredor F comprendía la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la ruta nacional 33 de Santa Fe. Ambos estaban bajo la guía de un consorcio conformado por las empresas Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA y la española COPASA.
La rescisión de los contratos de concesión llega tras más de dos años de inversiones mínimas y ejecución del plan de obras en torno al 2%. A lo largo de este periodo, el Gobierno Nacional verificó que ninguna de las obras de fondo logró avanzar y que las empresas no consiguieron el financiamiento necesario para desarrollar los proyectos de infraestructura que demandaban los contratos.
Proceso de revisión en contratos por corredores viales
El 27 de mayo, el Gobierno Nacional inició el proceso de rescisión de contratos con las empresas a cargo de los seis corredores viales licitados bajo el esquema PPP. Tras comprobar una serie de irregularidades e incumplimiento de obligaciones contractuales, las empresas fueron intimadas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos. Y el 31 de agosto les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.
“Hoy es un día importante para todos los argentinos porque marca el fin de un esquema ruinoso para el país como lo fueron las PPP. El fracaso de este sistema está a la vista: en más de dos años solo se logró ejecutar un irrisorio 2% de las obras. A partir de ahora, el Gobierno Nacional retomará el control de estos dos primeros corredores y, antes de fin de año, nos comprometemos a poner en marcha el proceso de licitación de obras que quedaron truncas por los PPP”, señaló Gustavo Arrieta, administrador general de Vialidad Nacional.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró: “Desde el Gobierno mantenemos la misma posición desde que asumimos: defender con todas las herramientas el patrimonio de los argentinos y argentinas. Por eso, Vialidad Nacional, como organismo rector en la planificación vial, realizará las obras que no se hicieron en estos dos años”.
El Gobierno Nacional ahorrará un monto superior a los USD 68 millones (más de $4.700 millones de pesos) al relicitar bajo la modalidad de obra pública convencional. Será para los cinco proyectos estipulados en el plan de obras incumplido por las empresas PPP.
