El proyecto de ley de Agenda Pro-inversión y el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), firmados por el Presidente Sebastián Piñera, son dos de las instancias que buscan agilizar y reimpulsar los procesos de inversión en Chile y que permitirán mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.

Para impulsar los proyectos de inversión, cuyos niveles actualmente han ido disminuyendo o están estancados al enfrentarse a una excesiva burocracia estatal, es que el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley Agenda Pro-inversión y el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS).

Estas iniciativas pro-inversión comprenden una serie de medidas y propuestas para darle un gran impulso a nuestra economía con el fin de que Chile vuelva a crecer con fuerza y pueda reiniciar la senda que lo lleve a ser un país desarrollado. Además, tendrán como objetivo restablecer la confianza y darle un fuerte impulso a la inversión, competitividad, innovación y emprendimiento.

La reactivación es uno de los compromisos y prioridades del Programa de Gobierno del Presidente Piñera para que Chile llegue a ser en la próxima década, el primer país de América Latina en alcanzar un desarrollo integral, inclusivo y sustentable.

Las iniciativas pro-inversión

La nueva Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables tendrá por objetivo coordinar y agilizar el proceso de autorización de los grandes proyectos de inversion del país, sean públicos o privados. Para ello, generará todas las coordinaciones con los distintos servicios públicos encargados de emitir permisos y autorizaciones para asegurar que se cumplan los plazos que establece la regulación y transparentar los procesos de licencias y permisos.

Un catastro del Ministerio de Economía determinó que, actualmente, existen inversiones pendientes por US$65.000 millones, que podrían crear 250.000 empleos adicionales.

“Poner en marcha estos proyectos es fundamental para que Chile vuelva a crecer con fuerza”, dijo el Mandatario en el lanzamiento de estas medidas.

A esto se suma la Agenda Pro-Inversión, que buscará promover un clima y un escenario jurídico propicio para la inversión en nuestro país, eliminando imperfecciones o trabas regulatorias e inyectando eficiencia y modernización al Estado.

Para llevar a cabo esta propuesta, el Jefe de Estado anunció 12 medidas concretas que reimpulsarán los proyectos de inversión. A esto se va a sumar el trabajo del grupo para un gran Acuerdo Nacional para el Desarrollo del país que se va a dar a conocer en los próximos días.

Permitir a las municipalidades la entrega -de manera inmediata- de una patente provisoria por dos años, para todos aquellos locales que cumplan con los requisitos que establece la ley.
Implementar una plataforma digital, para hacer los trámites electrónicos ante las Direcciones de Obras Municipales.
Reducir significativamente los tiempos de aprobación de los proyectos de obras hidráulicas.
Permitir que se constituyan garantías, prendas o hipotecas sobre los derechos de concesiones marítimas.
Crear una plataforma digital para recibir y tramitar todas las presentaciones relacionadas con los derechos de aprovechamiento de aguas.
Permitir que SERNAGEOMIN mantenga actualizado el Catastro de Concesiones Mineras.
Regular la suspensión provisoria de una obra nueva, evitando que, muchas veces, demandas infundadas paralicen grandes proyectos de inversión.
Facilitar los procedimientos administrativos para la adquisición o ejercicio de derechos, permitiendo que revisores independientes puedan hacer las inspecciones que muchas veces el sector público se demora años en hacer.
Permitir que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir entre distintos tipos de fuentes contaminantes.
Facilitar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir el pronunciamiento de servicios cuando éstos no están fundados o cuando se encuentran absolutamente fuera de su competencia.
Establecer un procedimiento que permita que los interesados en presentar un proyecto a evaluación ambiental puedan pedir y obtener un pronunciamiento previo de parte de la autoridad competente para saber si es pertinente dicha evaluación.
Reforzar al Servicio de Evaluación Ambiental como una ventanilla única respecto de todos los permisos sectoriales que tenga que entregar el Estado para la evaluación de un proyecto de inversión.