Identificar y establecer un costo social del carbono (CSC) resulta particularmente útil para la construcción de políticas públicas referidas al cambio climático y al desarrollo sostenible en la región, señala un nuevo documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El informe El costo social del carbono: una visión agregada desde América Latina de los autores José Eduardo Alatorre, Karina Caballero, Jimy Ferrer y Luis Miguel Galindo, analiza y acota la amplia variedad de estudios y resultados sobre el CSC para identificar sus patrones regulares y reducir el margen de incertidumbre para propósitos de política pública.
El costo social del carbono, concepto fundamental en la economía del cambio climático, busca identificar el costo económico que ocasiona una tonelada adicional de CO2 emitida a la atmosfera sobre las actividades económicas, el bienestar social y los ecosistemas. Se define como el valor monetario del daño causado al emitir una tonelada adicional de carbono en un momento dado del tiempo.
El documento subraya que atender el desafío del cambio climático conlleva la aplicación de diversas políticas públicas tales como regulaciones o instrumentos económicos en donde destaca, por ejemplo, el uso de un impuesto al carbono que tiene su fundamento en los impuestos de tipo Pigou que buscan que los agentes económicos internalicen la externalidad negativa.
Sin embargo, advierte, aplicar en forma económicamente eficiente un impuesto al carbono requiere identificar los costos económicos que ocasionan las emisiones de gases de efecto invernadero a través del cambio climático. Para ello, se debe distinguir los costos sociales del carbono para poder establecer el monto óptimo del impuesto al CO2.
De acuerdo a la investigación, desde la óptica de la política pública, identificar un CSC en el largo plazo ofrece una certidumbre que se convierte en un mecanismo fundamental para la innovación, los procesos de substitución de bienes y servicios intensivos en carbono y para preservar los niveles de ahorro e inversión futuros. Así, por ejemplo, un CSC es un mecanismo fundamental para los sectores como la energía, el transporte, los bosques y en general para las políticas públicas referidas al cambio climático.
Estos procesos, además, se refuerzan. Por ejemplo, las políticas públicas para detener la deforestación o eliminar los subsidios a los combustibles fósiles reducen los costos de la mitigación substancialmente.
El estudio incluye cuatro secciones, además de la introducción. La primera de ellas presenta la metodología de los modelos de análisis integrados, que son la principal forma en la que se estima el costo social del carbono y en donde se incluyen también los grandes temas de debate metodológico como la tasa de descuento, la incertidumbre y los pesos por equidad. Las estimaciones de la literatura del costo social del carbono se presentan en el apartado II. En la sección III, se muestran los resultados del meta-análisis del costo social del carbono. Finalmente, se presentan conclusiones y comentarios generales.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
