Denominado “Agenda Estratégica ante el impacto de la inseguridad en el sector del autotransporte de carga”, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga de México (CANACAR) dio a conocer un estudio que examina la afectación de la inseguridad en la competitividad del sector y en la economía nacional, y presenta propuestas para hacer frente a este fenómeno.

Durante el foro “Impacto de la seguridad en los diferentes modos de transporte”, organizado por la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), José Refugio Muñoz López, presidente de la comitiva, reveló ante medios de comunicación que Puebla, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala concentran aproximadamente el 75% de los delitos a este sector, de acuerdo con el estudio.

El documento detalla que el hurto al sector se disparó de 5,435 delitos en 2015, hasta 10,230 robos en 2017, lo que representa un crecimiento del 88 por ciento en dos años. Asimismo, informa que tan solo en 2017, entre costos directos e indirectos, el costo del robo al autotransporte ascendió a 92,500 millones de pesos, lo que representa medio punto porcentual del PIB.

Además, señala que los costos directos en los que incurre el sector transportista, sin contabilizar los costos por parte del estado, representan el 7% del PIB del sector del autotransporte de carga. “Esto se traduce en una caída del 0.3% del PIB nacional, un dato que no es nada trivial”, indica el documento.

Para estimar el costo de la inseguridad, la firma Consultores Internacionales -encargada de realizar el estudio-, recurrió al modelo de costos, también conocido como modelo contable, donde le fueron asignados varios valores monetarios estimados a cada una de las variables que conforman el modelo.

El estudio se divide en dos grupos que son costos directos e indirectos, quedando la formula: Costo de la inseguridad=Costos Directos + Costos Indirectos, como la adecuada para llegar al mencionado monto.

Se consideraron como costos directos del transportista, aquellos que absorbe el transportista, tales como el equipamiento preventivo, seguros, trámites y diligencias para recuperar unidades, deducibles, ingresos que deja de percibir, entre los principales.

Los costos indirectos son aquellos que cuantifican el impacto económico de la inseguridad en otras ramas y sectores, como resultado del encadenamiento productivo existente con el resto de la economía.

La suma de cada una de las variables resulta en el costo de la inseguridad no solamente en el transporte de carga, sino para el resto de la economía nacional. De hecho, los costos incurridos por la inseguridad en 2017 ascendieron a 92,500 millones de pesos, que representa un 0.5 por ciento del PIB Nacional.

Mauricio Millán Costabile, Socio de la firma Consultores Internacionales -encargada de realizar el estudio- reveló que el alto nivel delictivo se debe, en parte, a la guerra contra las drogas, los cárteles y sus células criminales, quienes han diversificado su cartera de actividades al secuestro, la extorsión, el tráfico de personas, y recientemente, al robo al autotransporte de carga.

No obstante, señaló que son varios los elementos que son detonante para el alza de la inseguridad para esta industria, principalmente la zona, como son los tramos carreteros que conectan a la Ciudad de México con los principales puertos del país, la presencia de grupos de la delincuencia organizada, y la entrada del nuevo sistema penal acusatorio.

Por lo anterior, y a fin de ejecutar acciones preventivas, el documento presenta las acciones prioritarias en ejes temáticos: prevención, política preventiva y procuración e impartición de justicia que tendrían que seguirse para hacer frente a este delito:

Preventivo

Establecer horarios de circulación en las zonas con mayor peligro al contar con seguridad por parte de la policía federal.
Construir casetas/módulos de vigilancia, en la entrada y salida de los kilómetros más afectado por la delincuencia (Triangulo Rojo, Puebla- Tlaxcala-Veracruz).
Promover y capacitar para la utilización al interior del gobierno de bases de datos del Secretariado y las distintas instituciones públicas, con el objetivo de generar algoritmos que predigan probabilidades y elementos en común en los delitos (Big Data).

Política reactiva

Elaborar un manual de procedimientos y actuar de la policía ante los delitos al sector autotransporte, que describa el cómo reaccionar ante los hechos delictivos.
Capacitar, entrenar y llevar a cabo simulacros de la fuerza policial, para tener la mejor estrategia y actuar ante un delito.
Incluir y promover el uso de la tecnología para perseguir el delito en tiempo real mediante la comunicación con las aseguradoras y transportistas.
Incentivar la denuncia de los delitos, mediante acciones concretas. En específico, generar la imagen de un estado de derecho sólido mediante la captura de los delincuentes y sanciones ejemplares que desincentive cometer el delito.

Procuración e impartición de justicia

Simplificar procesos de denuncia, especialmente del informe policial homologado, para generar un proceso expedito.
Proponer otros medios para llevar a cabo la denuncia; a pesar de que el delito ya es de fuero federal, ahora es necesario hacer las diligencias correspondientes en la PGR. Los medios electrónicos y el teléfono han dado resultados positivos en otros países.
Promover un proceso simplificado y expedito para liberar las unidades que son objeto de investigación, eliminando trabas burocráticas o procesos innecesarios.
Definir y establecer una estrategia de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, tanto de manera vertical como horizontal, donde la comunicación sea efectiva y agilice procesos.
Incentivar las propuestas existentes en materia de profesionalización de los ministerios públicos.
Promover la centralización de capacitación policial, mediante una Academia Nacional de Policías.

El estudio determina que el sector ya ha empezado a implementar algunas medidas, pero es necesario el involucramiento de los otros agentes en la ecuación, con el objetivo de elaborar una política integral de seguridad para el sector del autotransporte de carga, cuyos beneficios se vean reflejados en un sector más seguro, mayores inversiones y mayor competitividad.

Al final, los consumidores serian los más beneficiados al no tener que estar asumiendo un sobreprecio por los riesgos que hoy en día significa transportar la mercancía, concluye el documento.

Fuente: Cámara Nacional del Autotransporte de Carga de México.